“Cuáles respuestas, no respondieron una sola pregunta. Respondieron con eslogan, el eslogan de que es mejor la paz que la guerra, es el mismo eslogan de ‘Pambele’, que es mejor ser rico que pobre”, aseguró el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al ser preguntado por periodistas sobre las supuestas respuestas del alto comisionado de Paz, en nombre del Gobierno Nacional, a los cuestionamientos formulados por el Ministerio Público a los acuerdos suscritos entre el Ejecutivo y los comandantes de la guerrilla de las FARC.   

El jefe del órgano de control lamentó el lugar común del Gobierno Nacional en este sentido y que mientras la sociedad sigue sin tener claros los alcances y riesgos de los acuerdos de La Habana, se siga estigmatizando como “enemigos del proceso” a quienes formulan cuestionamientos y advertencias.

No dudó en afirmar en su intervención que “el presidente ha omitido de manera obstinada, reiterada y desvergonzada el cumplimiento de sus exigencias constitucionales”.

A lo anterior, adicionó que “la comisión de acusación de la Cámara de Representantes ya debió que haber asumido de oficio la investigación al presidente por incumplir sus deberes funcionales”, resaltó el doctor Ordóñez Maldonado.

El procurador explicó varios temas que se han quedado sin respuesta, como las zonas veredales en territorios indígenas: “Seis gobernadores cabildos de la etnia Yukpa acudieron a la Procuraduría a decir que varios de los municipios donde se establecerían zonas veredales hacían parte del territorio ancestral de esa etnia, por lo que no permitirían el establecimiento de dichas zonas, si no mediaban las consultas correspondientes”.

Sobre las riquezas ilegales del grupo guerrillero, el procurador aseguró que “las estructuras financieras y económicas de las FARC no van a ser desmanteladas, como es deber del gobierno exigirlo y pactarlo y de las FARC, si tienen voluntad de paz, realizarlo”, agregando que de la reparación a las víctimas con recursos del grupo narcoterrorista aún no se ha dicho nada.

“Habían 60 preguntas sobre temas sustanciales que tienen que ver con la no desmovilización de los milicianos, con las zonas veredales, con aspectos del financiamiento de las FARC. 60 preguntas muy sensibles y ninguna fue respondida (…) Las preguntas se refieren a aspectos y acuerdos que se han conocido”, explicó.

El procurador general de la Nación recordó que “toca obedecer lo que dice la Corte Constitucional, no es que uno esté de acuerdo o no con lo que dice”, en referencia a la sentencia que condicionó la realización del denominado “plebiscito por la paz” a que el grupo terrorista FARC deponga las armas.